Por: Jesús Alberto Aguilar Guerrero
“A veces las cosas no salen como quisiéramos, pero sin dudas salen como deben salir.”
Un serio pronunciamiento por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia se emitió en las últimas horas al conocer la posición del gobierno nacional ante las directrices impartidas por conducto de la Presidencia de la República para el relacionamiento del Estado con los medios de comunicación; las disposiciones contempladas afectan directamente la labor critica del periodismo en una sociedad democrática restringiendo el trabajo de los medios y periodistas afectando la posibilidad de interpelar al poder, exigir explicaciones y contrastar las versiones oficiales de asuntos de interés público, mejor dicho la directriz presidencial limita el acceso a la información y pone en riesgo el ejercicio libre y crítico de los comunicadores en toda clase de entrevistas, crónicas, columnas, programas de opinión y comentarios.
La medida ordenada por la Presidencia incluye lineamientos como no conceder ruedas de prensa, ni entrevistas a medios que no sea considerados “amigos” vulnerando lo que debe conocer de primera mano la opinión pública colombiana, limitando intervenciones de ministros o declaraciones sin preguntas y centralizar buena parte de la información gubernamental a través de la vocería de Presidencia; si bien el Estado colombiano tiene autonomía para organizar sus mensajes y definir quienes ejercen sus vocerías, esa facultad no puede ser una impedimento para que periodistas accedan a las fuentes oficiales o formulen preguntas.
Los periodistas que ejercen esta labor en Colombia han expuesto su posición respaldando a la FLIP que ha documentado varios casos en los que periodistas han intentado acceder a información y que, pese a acudir a los canales y voceros oficiales, no han obtenido contestación alguna; esta falta de interlocución ha dificultado el cubrimiento de asuntos de interés público como por ejemplo la evolución del conflicto armado o las consecuencias del reciente terremoto, ya que se impidió que los medios contrasten información y recopilen distintas voces institucionales necesarias para ofrecer diferentes conceptos de los hechos acaecidos. Esta inquietud requiere especial relevancia a antecedentes conocidos durante el cubrimiento de la campaña presidencial, especialmente entre la primera y segunda vuelta, por tal motivo la Fundación para la Libertad de Prensa, recopilo denuncias como las de Camila Zuluaga, según las cuales el entonces candidato Abelardo De la Espriella no otorgo entrevistas a ciertos periodistas, instruyo a su equipo de prensa para no atender a las solicitud de los medios y limito su participación a ruedas de prensa en las que conociera con antelación las preguntas relacionadas con el tratamiento periodístico que el candidato anticipaba recibir en esos espacios.
Así las cosas, se dice que la difusión periódica de información oficial, a criterio del Gobierno, no sustituye la posibilidad de que la prensa interrogue al poder, indague sobre sus decisiones o le solicite explicaciones sobre aquello que omite; el derecho de acceso a la información no se satisface únicamente con lo que el Estado decide divulgar, también protege la posibilidad de buscar información para ejercer control democrático, como lo expresa la Corte Constitucional en la Sentencia SU-018 de 2026, al reconocer una protección constitucional reforzada al acceso de periodistas a información pública, precisamente por la función que cumple la prensa en el escrutinio del poder. Por tal motivo la FLIP insto a la Presidencia de la República de Colombia a evaluar la directriz, y garantizar que todos los medios y periodistas, sin distinciones tengan acceso igualitario a las fuentes oficiales y los espacios convocados por el Gobierno.
El relacionamiento del Estado con la prensa debe ser a partir de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios; no puede depender de la afinidad o cercanía política de quien ejerce el periodismo. Ojalá no se vulnere el ejercicio periodístico cuando se ejerce un gobierno totalitario que no quiere que lo critiquen a tiempo; lo que podría constituir una decisión de relacionamiento con la prensa de una campaña adquiriendo una dimensión distinta desde la Presidencia de la República, porque emplear este tipo de etiquetas puede traducirse en privilegios para quienes no incomodan el poder y restricciones para quienes ejercen una cobertura de opinión critica, considerándose estigmatizados generando la autocensura que no puedan acceder a cuestionar a los gobernantes de turno.
