¿Quién protege a los niños y niñas cuando pueden ser vulnerables al abuso?

Por: Paloma Muñoz, docente universitaria

Hay decisiones en materia educativa que no pueden analizarse solamente desde las buenas intenciones. Cuando están de por medio los derechos de niños, niñas y adolescentes, el Estado tiene la obligación de mirar también los riesgos, establecer controles y actuar bajo el principio de precaución.

Por eso resulta necesario abrir un debate público sobre las nuevas posibilidades de vinculación de organizaciones y líderes religiosos con instituciones educativas oficiales.

No porque la religión sea enemiga de la educación. Tampoco porque sacerdotes, pastores o miembros de otras confesiones sean, por definición, personas incapaces de educar. El problema es otro y mucho más profundo:

¿Puede la pertenencia a una institución religiosa ser considerada una garantía suficiente de calidad educativa, integridad moral y protección de nuestros niños y niñas?

La respuesta debería ser no. Colombia es un Estado laico. Nuestra Constitución de 1991 cambió radicalmente la relación entre religión y Estado. Colombia es un Estado laico, garantiza la libertad religiosa y reconoce que todas las confesiones son iguales ante la ley. La Corte Constitucional ha sido reiterativa en señalar que el principio de laicidad implica neutralidad del Estado frente a las distintas confesiones religiosas. Esto no significa perseguir la religión ni excluirla de la sociedad. Significa algo mucho más sencillo: el Estado no puede favorecer una religión determinada ni convertir sus creencias en política pública educativa. La propia Corte ha señalado que en las instituciones educativas oficiales no puede promoverse una determinada religión y que, incluso cuando se imparte educación religiosa, debe respetarse la neutralidad y la libertad de conciencia.

Por supuesto, la educación religiosa existe dentro del ordenamiento colombiano. La Ley 115 de 1994 contempla la educación religiosa como área que debe ofrecerse, y la Ley 133 de 1994 reconoce el derecho a recibir educación religiosa, pero también el derecho a no ser obligado a recibirla. Para la docencia de educación religiosa y las capellanías, la Ley 133 exige una certificación de idoneidad expedida por la iglesia o confesión correspondiente.

Pero aquí está el punto que no podemos perder de vista: una certificación religiosa no equivale a una garantía integral de idoneidad pedagógica, ética ni de protección de la infancia. Una iglesia puede certificar que alguien es ministro de su culto. Pero la protección de los niños y niñas es una responsabilidad mucho mayor que la acreditación de una función religiosa.

La preocupación aumenta cuando se habla de mecanismos mediante los cuales entidades religiosas con personería jurídica puedan participar en la operación o administración de establecimientos educativos oficiales. Si estas propuestas avanzan, el debate no puede reducirse a una discusión sobre religión.

Tendríamos que preguntar: ¿Qué significa entregar a una organización religiosa una responsabilidad sobre una institución educativa pública? ¿Quién seleccionará a las personas que tendrán contacto con los estudiantes? ¿Quién verificará sus antecedentes? ¿Quién supervisará sus actuaciones? ¿Quién recibirá una denuncia? ¿Quién garantizará que un eventual abuso no sea tratado internamente por la organización? ¿Quién protegerá al niño o niña mientras se investiga? Y, sobre todo: ¿Qué mecanismos independientes tendrá el Estado para impedir que una estructura de autoridad religiosa se convierta en una estructura de poder sobre los menores?

Estas preguntas no son ataques contra la religión.

Son preguntas de responsabilidad pública.

El problema no es la fe: es el abuso de poder. Debemos ser muy cuidadosos en esta discusión. No podemos afirmar que todos los sacerdotes sean abusadores. Tampoco que todos los pastores lo sean. Sería una generalización injusta y jurídicamente irresponsable.

Pero tampoco podemos cometer el error contrario: suponer que una persona es incapaz de abusar porque pertenece a una institución religiosa.

Los casos conocidos en Colombia y en otros países nos obligan a reconocer una realidad dolorosa: también dentro de instituciones religiosas han ocurrido abusos sexuales contra niños, niñas y adultos y en algunos casos las estructuras institucionales han sido cuestionadas por la manera de manejar las denuncias. Investigaciones periodísticas recientes han documentado centenares de denuncias contra miembros del clero católico en Colombia. Una investigación publicada en 2026 habló de cerca de 800 sacerdotes denunciados en la información recopilada. Esta cifra debe entenderse correctamente: denuncia no significa condena judicial. Pero sí revela la dimensión de un problema que no puede ser ignorado.

Y no se trata solamente de la Iglesia católica. También existen casos y denuncias relacionados con líderes de otras confesiones religiosas. Esto nos obliga a abandonar una idea peligrosa: que el carácter religioso de una persona constituye, por sí mismo, una especie de certificado de superioridad moral.

No existe tal certificado. La moral no se presume por el cargo. La integridad no se presume por la vestimenta. La idoneidad no se presume por la fe. Y mucho menos cuando hablamos de niños y niñas.

Aquí aparece una contradicción que merece ser discutida. Si incorporamos líderes religiosos a las instituciones educativas bajo el argumento de que pueden contribuir a recuperar los valores y la moral, ¿quién vigilará a quienes asumimos como guardianes de esa moral? Porque la historia nos ha enseñado que las instituciones pueden equivocarse, ocultar, proteger a sus miembros o actuar tardíamente frente a situaciones de abuso.

Y cuando hay niños-niñas involucrados, la confianza nunca puede sustituir los controles. El Estado no puede decir: «confiemos en que es un sacerdote». Tampoco: «confiemos en que es un pastor».

Debe decir: «Verifiquemos, supervisemos, protejamos, actuemos.» Nuestros niños y niñas no necesitan más autoridades; necesitan más protección

Hay otra confusión que debemos superar: creer que la crisis de valores de nuestra sociedad se soluciona aumentando la presencia de autoridades religiosas en las escuelas.

Nuestros niños necesitan valores, sí. Necesitan aprender sobre derechos humanos. Necesitan educación para la convivencia, necesitan educación sexual integral. Necesitan saber reconocer situaciones de abuso. Necesitan saber que ningún adulto, independientemente de su profesión, cargo, autoridad o condición religiosa, puede vulnerar su cuerpo o su dignidad. Necesitan saber que pueden hablar. Que serán escuchados. Que serán creídos.

Y que las instituciones actuarán para protegerlos. Eso también es educación moral. Quizás la verdadera formación ética no consiste en enseñar a los niños y niñas a obedecer ciegamente a una autoridad, sino en enseñarles que ninguna autoridad es absoluta y que tienen derecho a poner límites, preguntar, denunciar y ser protegidos.

Por eso, la discusión no es si un sacerdote puede ser un buen maestro. Por supuesto que puede. No se trata de estigmatizar a sacerdotes, pastores o personas creyentes. Sería injusto afirmar que todos los miembros de una comunidad religiosa son potenciales abusadores. Evidentemente no es así.

El problema es otro: ninguna institución humana está libre del abuso de poder. Y cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, el Estado tiene la obligación de actuar bajo el principio de máxima protección. Colombia conoce demasiado bien las consecuencias de no haberlo hecho.

No estamos discutiendo aquí si la religión es buena o mala. No estamos cuestionando la fe de millones de colombianos. Estamos defendiendo algo mucho más elemental:

el derecho de nuestros niños y niñas a crecer, aprender y educarse en ambientes seguros. Y, sobre todo, debe garantizar que existan controles independientes y eficaces para prevenir y enfrentar cualquier forma de abuso.

Y si tenemos que elegir entre proteger la comodidad de los adultos o proteger la seguridad de la infancia, la respuesta debería ser absolutamente clara: primero los niños y niñas. Siempre los niños y niñas.