¿Eso vale mover al presidente de la Asamblea del Cauca, Dagoberto Hurtado?
Serpress-Popayán
Mientras miles de familias caucanas hacen verdaderos sacrificios para conseguir el sustento diario, pagar sus servicios públicos y reunir unos cuantos pesos para transportarse, Dagoberto Hurtado García, presidente de la Asamblea Departamental del Cauca, firmó un contrato por la sorprendente cifra de $110 millones para gasolina, lubricantes, lavados y mantenimiento vehicular.
Una contratación que despierta serios interrogantes, pues al distribuir su valor entre los 218 días calendario comprendidos desde la firma hasta el 31 de diciembre de 2026, representa un presupuesto promedio de más de $500.000 diarios.
Aunque esta cifra no corresponde necesariamente al consumo efectivo, el contraste con la difícil realidad económica de miles de ciudadanos resulta impactante. En los antecedentes contractuales de la corporación aparece identificada una camioneta Toyota Prado de placas OTV-077, pero el nuevo contrato ni siquiera especifica cuántos vehículos recibirán el suministro.
¿Cuántos carros necesitan $110 millones? ¿Cuántos kilómetros recorren? ¿Qué justifica destinar semejante cantidad de dinero público a estos servicios mientras tantas familias caucanas deben hacer verdaderos sacrificios para llenar el tanque de sus motocicletas o pagar un pasaje de transporte público?
Y la cifra resulta todavía más sorprendente cuando se compara con el año anterior. Mientras en 2025 el proceso equivalente contemplaba $80 millones, para 2026, bajo la presidencia de Dagoberto Hurtado García, el presupuesto contratado ascendió a $110 millones, es decir, $30 millones adicionales, un incremento del 37,5 %.
¿Qué cambió para justificar semejante aumento? ¿Se adquirieron más vehículos o aumentaron extraordinariamente las necesidades de transporte? Mientras un trabajador debe esforzarse para llenar el tanque de su motocicleta y poder llegar a su empleo, resulta legítimo exigirle al presidente de la Asamblea que explique detalladamente la destinación de estos recursos.
Porque los $110 millones de pesos, no salen del bolsillo de Dagoberto Hurtado, son recursos públicos que deben administrarse con transparencia, austeridad y responsabilidad. Aunque el valor contratado no significa que todo ese dinero se haya gastado, la ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto se ha ejecutado, qué vehículos reciben gasolina y dónde están las facturas y planillas que respaldan cada suministro. Los caucanos merecen respuestas claras sobre cada peso comprometido en este millonario contrato, porque mientras el ciudadano común cuenta las monedas para sobrevivir, quienes administran los recursos públicos tienen la obligación de justificar hasta el último peso.
