“Deja de torturarte con los recuerdos, con las preguntas, vivieron lo que tuvieron que vivir, duraron el tiempo que tenían que durar” Anónimo.

Por: Jesús Alberto Aguilar Guerrero.

En el departamento del Cauca, el reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes no ha cesado sino se ha transformado, ejerciéndose una forma de control armado sobre el territorio y la vida, en las últimas horas organismos de derechos humanos donde se incluye la Defensoría del Pueblo por intermedio de su cabeza visible en Colombia Iris Marín Ortiz, se ha pronunciado y ha enviado una misiva al presidente electo, Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo, solicitando una reunión urgente con él y su equipo de empalme.

Lo anterior con el propósito de presentar las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo al nuevo gobierno, contenidas en el documento “Decisiones impostergables en materia de los Derechos Humanos”, que trata sobre la desigualdad estructural y exclusión persistente, violencia armada, paz, seguridad y garantías democráticas, degradación ambiental, cambio climático y derechos de la Naturaleza y reforma rural integral y derechos territoriales.

De esta manera esa entidad ha manifestado su disposición de mantener un dialogo institucional respetuoso, constructivo e independiente, orientado a la garantía de los derechos de todas las personas y a la construcción de un buen futuro. El alta funcionara afirma que la mayor cantidad de menores de edad reclutados son indígenas del territorio caucano, muchos de ellos y de ellas son llevados hacia otras zonas del país, por ejemplo, a los llanos orientales donde reciben instrucción militar y donde han muerto algunos en combates entre grupos armados ilegales o también por acciones y bombardeos de la fuerza pública.

Agrega que la prevención no se logra únicamente con acciones armadas, se logra con entornos protectores, con garantías de educación, de salud y de buen futuro para los menores de edad en las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza.

Se conoce últimamente que en los últimos días se combinan métodos violentos, manipulación por redes sociales, y presión comunitaria, en contextos marcados por la pobreza, el abandono estatal y la disputa entre grupos armados ilegales; en territorios de Cauca y Nariño, el EMC de las FARC – EP, el ELN, la segunda Marquetalia y otros actores usando el reclutamiento como herramienta de control territorial afectando de forma desproporcionada a comunidades indígenas y afrodescendientes.

Es de resaltar los buenos oficios que cumple en la región caucana el profesional Daniel Eduardo Molano Piamba y su grupo de trabajo que, a pesar de los esfuerzos institucionales, las comunidades han sido las que más han resistido y protegido a su gente; el Estado en cambio, sigue llegando tarde o con respuestas fragmentadas, porque prevenir el reclutamiento no se logra solo con presencia militar, necesitándose de manera urgente fortalecer lo comunitario, para garantizar justicia y dar alternativas reales de vida a quienes hoy están atrapados entre la guerra y el olvido; por tal motivo en este artículo se puede entender una aproximación al problema desde los territorios y desde las voces que siguen resistiendo.

En este caso debemos defender la Constitución Política de 1991 que ha sido el pacto político y de paz más importante que hemos tenido y más amplio en nuestra historia republicana desde 1810; es una brújula que nos ha dado estabilidad, nos ha dado pluralismo democrático y hay que tener en cuenta que la Constitución es un lugar donde pueden caber todos los movimientos políticos de derecha, de izquierda, sin estigmatización en medio de las reglas política y con base en los derechos humanos.

Definitivamente el reclutamiento forzado en el Cauca es un mal que no cesa, afectando gravemente a muchos municipios donde existe una cifra desmesurada donde la mitad de los niños, niñas y adolescentes pertenecen a alguna comunidad indígena, siendo esta la población étnica más afectada por el reclutamiento forzado; donde las razones de este flagelo, y el modus operandi de los distintos grupos criminales varia constantemente, porque existen casos donde los menores de edad son persuadidos para unirse a estos grupos con promesas de dinero,  una mejora en la posición social o poder; cuando existen denuncias de las autoridades municipales que sus zonas sufren violencia por ser usados como puntos de acopio y de paso para trasladar hombres armados y narcotráfico en el suroccidente del país. 09-08-2026.