Una investigación de la fiscalía general de la Nación puso al descubierto una red de corrupción conocida como el ‘cartel del reciclaje’, la cual desfalcó al Estado y a los ciudadanos simulando procesos de recolección de basura. Bajo este modelo, empresas denominadas Estaciones Clasificadoras de Aprovechamiento (ECA) se inventaron toneladas de reciclaje que jamás existieron para realizar cobros millonarios a las empresas de aseo públicas y privadas. Lo más indignante es que el dinero robado provenía directamente de las facturas que los usuarios pagan mensualmente por los servicios públicos y de los subsidios entregados por las alcaldías municipales.

Para sostener el engaño, las asociaciones de recicladores involucradas crearon empresas fachada que supuestamente compraban el material aprovechable, sustentando los movimientos con facturación completamente falsa. Al verificar los registros de los supuestos socios comerciales y representantes legales de estas bodegas ficticias, las autoridades hallaron un descarado montaje: los millonarios cobros estaban firmados a nombre de personas vulnerables, incluyendo a una mujer en pobreza extrema registrada en el Sisbén y a una habitante de calle con problemas de adicción, quienes aparecían realizando compras mensuales de reciclaje por más de 40 millones de pesos sin tener el menor conocimiento de ello.

Por el momento, la investigación ha concentrado su primera fase en los municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso (Boyacá), donde el desfalco inicial supera los 6.800 millones de pesos, logrando la captura de cinco personas. Sin embargo, las evidencias técnicas, audios e interceptaciones del CTI advierten que este modus operandi ya se habría extendido a otras regiones del país. Tras destaparse el escándalo, el proceso penal ahora apunta hacia funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos y directivos de empresas de aseo local, quienes habrían fallado en los controles o facilitado las conciliaciones que permitieron este millonario desvío de recursos públicos.